OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Rafael Jiménez Claudín
Secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España
El 10 de noviembre de 2005 se presentó en el Teatro Real de San Fernando (Cádiz) el Observatorio de la Libertad de Prensa en Iberoamérica, en coincidencia con los actos de preparación del bicentenario de la Constitución de 1812.
La Constitución Española reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, así como a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
La Constitución Española establece que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa y la ley debe regular la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad.
En la mayoría de los países que componen la Comunidad Iberoamericana se recogen también los principios fundamentales de la libertad de expresión y consecuentemente de la libertad de prensa, pero el segundo paso, asegurar debidamente su ejercicio, no cuenta con una regulación legal homogénea y es frecuente escuchar que se violan estos derechos básicos en una etapa de la historia en que la libertad de prensa es un indicador de la calidad de la democracia y en la que está asumido que sin libertad de expresión no hay democracia.
En España y en la América Latina, la libertad de expresión hunde sus raíces en el Decreto IX de 10 de noviembre de 1810 por el que las Cortes liberales promulgaron el derecho a la libertad política de imprenta, anterior incluso a la propia Constitución de 1812 y que hizo posible el nacimiento del periodismo moderno.
Sin libertad de expresión y de prensa no sólo no puede ejercerse la profesión periodística sino que los ciudadanos tampoco tienen la posibilidad de opinar, participar en la vida pública y controlar el poder político. Es por tanto un pilar básico y fundamental de la democracia.
La posibilidad de buscar y expresar la verdad con libertad constituye además la esencia del periodismo, una profesión al servicio de la sociedad que tiene la obligación ética de mantener la independencia del poder y de aquellos sobre los que informa, respetar la conciencia individual y los derechos de la persona, así como propiciar la crítica y el debate que son consustanciales a una sociedad democrática.
En la actualidad, las transmisiones de voz y datos por satélite y la red de Internet facilitan una comunicación global que debe dirigirse a consolidar el compromiso democrático de las fuerzas progresistas y a erradicar las posibilidades de manipulación de autoridades, grupos o personas que pretendan limitar estos recursos, porque cuando se atenta contra la libertad de prensa se tiende inevitablemente a situaciones y regímenes autoritarios o totalitarios.
Siguiendo estos criterios, Reporteros Sin Fronteras y la Asociación de la Prensa de Cádiz coinciden en que la libertad de prensa es el soporte de un derecho humano universal, independiente del régimen político de cada sociedad, que todos los países del mundo han asumido el compromiso de respetar al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones; el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión".
Desde hace más de veinte años, Reporteros Sin Fronteras (RSF) está denunciando interrumpidamente los ataques contra la libertad de expresión y de prensa que, lejos de disminuir, se acrecientan poniendo en riesgo no sólo la vida e integridad de los periodistas sino también su independencia y prestigio profesional.
Este esfuerzo, que ha contribuido a que la sociedad asuma que la libertad de prensa y de expresión es un derecho básico pero frágil, que ha costado grandes sacrificios instaurar pero que está permanentemente amenazado en todo el mundo, ha sido reconocido recientemente por el Parlamento Europeo, que ha otorgado en 2006 a Reporteros Sin Fronteras el Premio Sajarov de defensa de los Derechos Humanos.
Al promover el proyecto de este Observatorio, la Asociación de la Prensa de Cádiz y Reporteros Sin Fronteras tuvieron en cuenta, además, que se ha iniciado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados de España el proceso para conmemorar el segundo centenario de la Constitución de 1812 como hecho histórico que promueve en España y América la democracia y el Estado moderno, y acordaron por ello contribuir a este objetivo mediante el establecimiento en Cádiz de la sede social del Observatorio de la Libertad de Prensa en la Comunidad Iberoamericana.
En este empeño se ha contado con el apoyo de la Junta de Andalucía, en el campo económico subvencionando los primeros pasos del Observatorio y de la construcción del sitio en Internet, y en el aspecto político con la presencia del presidente, Manuel Chaves, y del consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, en los actos que se han ido celebrando a instancias asimismo de otras dos instituciones gaditanas, los ayuntamientos de San Fernando y Chiclana.
El Patronato que se ha responsabilizado hasta ahora de las actividades del Observatorio está formado por seis miembros: la presidenta de Reporteros Sin Fronteras en España (RSF-ES) y vicepresidenta de la Comisión de Deontología de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), María Dolores Masana Argüelles; el presidente internacional de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fernando Castelló González; el secretario general de Reporteros Sin Fronteras en España (RSF-ES), Rafael Jiménez Claudín; el responsable de la oficina de América de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Benoît Hervieu; el vocal de Reporteros Sin Fronteras en España (RSF-ES), presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) y presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de Andalucía FAPA), Fernando Santiago Muñoz; el miembro del Consejo Asesor de Reporteros Sin Fronteras en España (RSF-ES), presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Fernando González Urbaneja.
En los primeros meses de funcionamiento del Observatorio, se ha procedido a la recopilación de la documentación que puede servir de soporte a las iniciativas del Observatorio, entre ellas los textos constitucionales del conjunto de países de la Comunidad Iberoamericana, las leyes y reglamentos, los tratados y convenios internacionales, los informes y estudios que traten de la libertad de prensa en el conjunto de países de la Comunidad Iberoamericana.
Después se ha trabajado sobre la documentación recopilada para elaborar este documento de síntesis, que se presenta en Cádiz en el marco del Congreso Ibercom para que sirva de inicio a un proceso en el que deben participar periodistas, profesores y catedráticos de reconocido prestigio, junto a expertos y dirigentes de asociaciones de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos de la Comunidad Iberoamericana.
El objetivo que se propone es completar en el plazo de un año un Libro Blanco de la situación de la Libertad de Prensa en la Comunidad Iberoamericana, al que se dará la más amplia difusión y se procederá a su presentación ante todas las entidades políticas y sociales con responsabilidades o influencia en materia de libertad de prensa en la Comunidad Iberoamericana, entre ellas: La Secretaría Permanente de las Cumbres Iberoamericanas, el Ejecutivo de los países de la Comunidad Iberoamericana, el Legislativo de los países de la Comunidad Iberoamericana y los Ejecutivos de los organismos supranacionales en la Región.
El Libro Blanco se presentará igualmente a las entidades políticas y sociales en el ámbito internacional con capacidad de influir en las políticas regionales en materia de libertad de prensa en la Comunidad Iberoamericana, entre ellas: La Comisión Europea, el Parlamento Europeo, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la UNESCO y el Consejo de Europa.
Al tiempo que se trabaja en la elaboración del Libro Blanco, se procederá a establecer los contactos precisos con las entidades políticas y sociales referidas, para conseguir los canales adecuados de comunicación y de relaciones institucionales.
El Patronato que ha llevado hasta ahora estos trabajos surgió de la iniciativa de este lado del Atlántico en el que nos encontramos hoy, pero tiene la vocación de ampliarse con miembros significados de la otra orilla americana para conseguir más fuerza moral en sus pronunciamientos y más capacidad de interlocución con los poderes constituidos con capacidad de actuar en las materias que nos ocupan.
Nuestro criterio es que el Observatorio debe mantenerse en el campo de la investigación, de detectar dónde están los problemas y cuáles son las posibilidades de superar esos problemas, manteniendo la capacidad de interlocución con todos los gobiernos, con todos los parlamentos, con todas las instituciones presentes en la vida social y política de los países de la Comunidad Iberoamericana, y por ello no hará denuncias de casos concretos ni estigmatizará posiciones políticas, porque en el ámbito iberoamericano existen diversas organizaciones de prestigio acreditado que cumplen esta función.
Sí se establecerá un seguimiento concreto de cuantas incidencias en materia de libertad de prensa se produzcan en el ámbito de actuación del Observatorio para poder actualizar de inmediato las bases de datos que se están creando y que sustentarán las conclusiones y recomendaciones que se harán a cada gobierno e instituciones parlamentarias, así como las que se harán llegar a la Secretaria General Iberoamericana previamente a cada Cumbre, para facilitar que esa Institución pueda avanzar en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa.
El resultado final que pretendemos es que en el plazo más breve posible todos los países de la Comunidad Iberoamericana tengan un conjunto de disposiciones constitucionales y desarrollo legal homogéneo en materia de libertad de expresión y de libertad de prensa.
Como consecuencia de alcanzar este resultado final tendremos el que los periodistas podrán trabajar con la garantía de que tienen iguales derechos y obligaciones en todos los países de la Comunidad Iberoamericana, por los que deberá poder desplazarse sin restricciones en el desempeño profesional.
